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Como bien se sabe, la polis de los griegos, la civitas de los romanos y el Estado en constante evolución, ha constituido y constituye la organización jurídica y política de toda sociedad, en sus elementos propios de territorio, pueblo y normatividad, pese a lo cual la mayoría de su población, ignora, desconoce u olvida su naturaleza y elementos, confundiéndolo con un organismo natural, con una voluntad social o colectiva o con una mixtura de entidades de categoría diversa, tanto más a la luz de las diferentes escuelas o concepciones filosóficas (desde el ideal de Platón hasta la sociedad universal o globalizada, en razón del instinto natural de los seres humanos, en coexistencia humana, pacífica y ordenada, pasando por la alianza o asociación de Aristóteles, a fin de lograr tanto el bien común como la satisfacción de las necesidades humanas, mediante la observancia y aplicación de la ley) del cual dependen o dentro del cual se ejercen los diferentes derechos y obligaciones por parte de los asociados.Cualquiera sea la forma u organización del Estado, el derecho a una justicia decente, eficiente y confiable, constituye o estructura un derecho fundamental que se debe consolidar, mediante el sistema de nombramiento o designación de jueces y magistrados y de los mecanismos de transparencia y control de la administración de justicia, de manera tal que integre una institución fuerte y equilibrada, que infunda confianza en la aplicación de las reglas, de las normas, de las disposiciones y de las leyes, evitando la deserción de agentes sociales y la formación de grupos y de reglas informales para la solución de los conflictos y de las necesidades propias de la convivencia social.